La industria alimentaria pide a Tejerina multas más duras en la Ley de la Cadena

La industria alimentaria ha instado al Gobierno a endurecer las sanciones recogidas en la Ley de la Cadena Alimentaria, petición que forma parte de una serie de recomendaciones dirigidas a reforzar este instrumento con el fin de evitar prácticas como la venta a pérdidas, entre otros objetivos.

29 diciembre 2016

EFEAGRO

Así lo señaló en declaraciones a Efeagro el director general de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), Mauricio García de Quevedo, tras mantener una reunión de cerca de una hora con la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.

García de Quevedo defendió la necesidad de dotar de más peso a esta Ley -aprobada en la anterior legislatura-, para lo que abogan por “reforzar” el papel de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

“Existe la necesidad de integrar a más empresas del sector de la distribución y que gane masa crítica”, argumentó el directivo de la entidad patronal, quien mencionó la adopción de multas más severas entre las medidas pendientes.

Otro de los aspectos que “preocupan” a la FIAB es la venta a pérdida -aquella que se realiza a un precio inferior a su coste, práctica tipificada como ilegal-, para lo que han exhortado al Ejecutivo a “llevar un poco más allá” la legislación existente.

Durante la reunión trataron, asimismo, el aumento de impuestos aprobado recientemente por el Gobierno, que decidió elevar a principios de diciembre la carga fiscal sobre el alcohol y anunció que negociará en el Parlamento durante los primeros meses de 2017 un nuevo gravamen sobre las bebidas azucaradas.

García de Quevedo recordó que “no existe un borrador en el que poder basarse” para analizar el impacto de esta nueva tasa sobre el azúcar, ya que de momento apenas es “un proyecto preliminar” del Ministerio de Hacienda.

El director general de la FIAB aseguró, no obstante, que tanto la patronal como García Tejerina coinciden en que el objetivo de este impuesto no puede ser el de “demonizar ingredientes ni categorías de producto”.