El Consejo de Ministros, en su sesión del 22 de abril de 2025, aprobó una serie de medidas que flexibilizan las obligaciones para las explotaciones ganaderas en materia de sanidad animal. Entre los cambios más destacados, se establece la voluntariedad de contar con un veterinario de explotación, un plan sanitario integral y un plan de bienestar animal, los cuales anteriormente eran obligatorios. Esta decisión responde a los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y algunas organizaciones agrarias con el objetivo de reducir la carga administrativa sobre el sector ganadero y facilitar su funcionamiento.
Además, las nuevas normativas incluyen la obligación de realizar visitas zoosanitarias por parte de un veterinario, basadas en el riesgo de la explotación, para garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, la reducción del uso de antibióticos y el control de enfermedades. Aunque la obligatoriedad de los planes mencionados ha sido eliminada, se mantiene el compromiso con un alto estatus sanitario de la cabaña ganadera, ajustando los requisitos a las realidades del sector.
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